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La Asamblea Legislativa elimina Alienación Parental en la Ciudad de México

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto de Alienación Parental del Código Civil capitalino por ser una figura jurídica que usan los juzgadores para calificar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños que denuncian violencia o abuso sexual como mentirosos.

La modificación a la ley fue consecuencia de la historia de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza dijo que mentían y eran víctimas de Alienación Parental.

Después de tres años de cabildeo persistente contra la figura de Alienación Parental en la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó derogar este término del Código Civil capitalino vigente, ya que no tiene bases científicas que lo sustenten como un síndrome y porque transgrede principios jurídicos y convencionales que protegen el derecho a una vida libre de violencia.

En la sesión extraordinaria de este martes, la ALDF avaló por unanimidad, con 36 votos a favor, aprobar el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el que se deroga el artículo 323 Septimus del Código Civil del Distrito Federal, y se remitió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

La figura de Alienación Parental fue incorporada al artículo 323 Septimus del Código Civil para el Distrito Federal desde 2004, posteriormente fue derogada en 2007 y volvió a legislarse el 9 mayo de 2014.

Al argumentar a favor del dictamen, asambleístas recordaron que el tema tomó relevancia mediática a partir de los hechos del pasado 7 de junio, en los que Mireya Agraz Contreras optó por quitarse la vida, junto a sus dos hijas y un hijo, debido a que después de un proceso judicial de siete años Mireya perdiera la guarda custodia frente al progenitor, quien violentaba sexualmente a sus niñas y niño.

A pesar de que Mireya y organizaciones de defensa que la acompañaban comprobaron que el padre de las y el menor, Leonel Olvera, abusaba sexualmente de las niñas y del niño, el Juzgado 11 de lo Familiar determinó que no había elementos para comprobar el abuso y concluyó que las y el menor sufrieron el síndrome de Alienación Parental, con lo cual el progenitor ganó la guarda.

Organizaciones civiles y de defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres, que trabajaron por la derogación de la Alienación Parental, encabezadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C. (Adivac), y quienes hoy estuvieron presentes durante el debate en la ALDF, se congratularon por la decisión tomada por la legislatura en pro de los derechos de la infancia y de las mujeres.

La Alienación Parental, afirmaron, es una medida regresiva, violenta y discriminatoria contra las mujeres, además de “ser confusa en su sintomatología, desestima el abuso y la violencia sexual infantil, disculpa la pederastia y genera mayor violencia en el ámbito familiar”.

Dieron a conocer un pronunciamiento firmado por 120 organizaciones y 30 defensoras de derechos humanos, como el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, AC, el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres, AC y Justicia Pro Personas, AC, Patricia Olamendi Torres, Laura Martínez Rodríguez, Beatriz Cosío yMartha Lucía Mícher Camarena, entre otras.

Con este texto, llamaron a los 16 congresos locales donde todavía se aplica la Alienación Parental a que repitan la decisión de la ALDF y deroguen esta figura de sus códigos, para evitar que se sigan violando el principio del interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres que defienden a sus hijas e hijos de la violencia y violencia sexual de los progenitores.

Las organizaciones puntualizaron que seguirán trabajando para que se castigue la “violencia institucional” que vivió la familia de Mireya, para garantizar la no repetición de los hechos de discriminación, violencia y revictimización que vivieron.

“La violencia institucional de la Procuraduría y del Tribunal (capitalinos) fueron las causantes de la muerte de Mireya y de sus hijas e hijo”, sostuvo Patricia Olamendi, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica.

El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien promovió el dictamen, recordó que el texto retomó la iniciativa con proyecto de decreto que el pasado 7 de julio, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, remitió a la Comisión de Gobierno.

Destacó que la derogación plantea un avance hacia la protección de niños, niñas y adolescentes, y que el análisis de sus implicaciones lleva a la reflexión de la situación en la que la infancia víctima de violencia, queda en un absoluto estado de indefensión y en su mayoría las madres que buscan protegerlas y protegerlos, resultan criminalizadas.

Puntualizó que el término de alienación parental se retomó de las teorías psiquiátricas del estadounidense Richard Gardner, que no ha sido calificada como científicamente válidas dentro de la clasificación internacional de enfermedades, y que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mexicana de Psicología o la Asociación Americana Médica tampoco reconocieron el término por su falta de fundamentación médica y clínica.

“La iniciativa es en el sentido de resguardar el interés superior del menor y de salvaguardar las relaciones familiares, más allá y al margen de la ruptura de los padres como pareja, lo anterior en consonancia con la legislación nacional e internacional, a la que varias organizaciones de la sociedad civil se han sumado para pedir su derogación”, sostuvo.

Además, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el Senado de la República reconsidere su solicitud, hecha en febrero pasado, para que las entidades de la República legislen en materia de la figura de alienación parental y realizan las reformas a los códigos civiles o familiares.

También, dijo, pedirá al jefe de Gobierno de la CDMX, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), solicite aborde el tema en el pleno de los gobernadores, y de considerarse necesario, se convoque a un debate nacional a fin de que la legislación local y federal sea armónica en cuanto a los criterios jurídicos sobre la existencia en legislaciones en ese término.

De igual forma, informó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva “con celeridad y apego a derecho la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que se presentó hace dos años y no se ha resuelto; es una falta de respeto a la sociedad y a las mujeres de este país”.

Desde su publicación en Gaceta, en junio de 2014, la CDHDF presentó una acción de inconstitucionalidad que hasta ahora no ha sido resuelta por la SCJN.

El asambleísta coincidió con las organizaciones de la sociedad civil con la petición a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y recientemente Baja California, que han registrado la Alienación Parental en sus legislaciones, analicen la viabilidad de derogarla.

Con información de SEM México y CIMAC Noticias

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