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El Estado mexicano sometido a juicio en la Corte Interamericana por el abuso sexual de 11 mujeres

  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso en septiembre de 2016 a la CoIDH, que sesionará los días 16 y 17 de noviembre; la sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio.

Por el caso de 11 mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de servidores públicos en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo del año 2006, el Estado mexicano será sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En la audiencia se podría llegar a analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los civiles, uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron las mujeres cuando eran conducidas al penal de Santiaguito, en Almoloya.

Ante un avance mínimo en las recomendaciones que había hecho al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso en septiembre de 2016 de las 11 víctimas a la Corte IDH que sesionará este jueves y viernes. Se prevé que ahí el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones
Desde 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opuso durante la administración del ex presidente Vicente Fox a la construcción de un aeropuerto en tierras que serían expropiadas y logró la cancelación del proyecto.

Ese grupo cobró fuerza por la defensa de los predios y para 2006 apoyaron a un equipo de floricultores que serían reubicados por las autoridades municipales días antes de la fiesta de la Santa Cruz. El 2 de mayo, los afectados se reunieron con autoridades municipales y estatales para llegar a un acuerdo y se les permitiera instalarse para vender en la vía pública.

El desalojo. Al día siguiente, pasadas las 07:00 horas, los comerciantes intentaron instalarse; sin embargo, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Ellos y la sociedad en general se unieron para impedir que los quitaran, eso provocó una confrontación. Un grupo de menos de 100 personas corrieron para resguardarse en una casa, hasta ahí llegaron los policías; por la tarde los elementos estatales sacaron a 80 en calidad de detenidos.

En sus testimonios aseguran que fueron golpeados durante el trayecto hasta llegar al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cepreso) Santiaguito, en Almoloya; no sólo eso, varias mujeres fueron abusadas sexualmente por los oficiales.

Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México; Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno de la entidad. Todos sostuvieron una reunión con un grupo de inconformes para llegar a un acuerdo. La población estaba furiosa por el abuso de las autoridades. Entre los capturados había mujeres; se contabilizan, por sus testimonios, alrededor de 50. De ellas, 31 denunciaron haber sufrido agresiones sexuales.

Abusaron de mí sobre una pila de personas: víctima de Atenco

Bárbara Italia Méndez Moreno, perteneciente a una fundación para la atención de niños y adolescentes, llegó a San Salvador Atenco para ponerse en contacto con la familia de Javier Cortés Santiago, quien falleció durante el enfrentamiento entre policías estatales y federales. Horas después fue detenida de manera arbitraria y agredida sexualmente por los policías.

La noche del 3 de mayo, Bárbara llegó a San Salvador Atenco, al siguiente día buscaría a los familiares de Javier; sin embargo, no pudo hacerlo por el cerco que había para liberar la carretera.

“Por la mañana comenzó un operativo de gran magnitud en el que participaron varias corporaciones: policías municipal, estatal y federal. Fui arrestada en un domicilio que fue allanado. Rompieron la puerta, nos sometieron a interrogatorios y a golpes”, relata a EL UNIVERSAL.

Han pasado 11 años desde que las agresiones sexuales marcaron su vida; fue sometida a torturas físicas y sicológicas desde que la detuvieron en el patio de una casa, hasta llevarla a la prisión de Santiaguito. Más civiles fueron trasladados hacinados en un camión.

Los agentes ingresaron al domicilio donde varios civiles se resguardaron. A todos los hincaron en el patio y los pusieron frente a la pared con las manos en la nunca.

Vinieron los insultos y los golpes, fue parejo. Agredieron a hombres como a mujeres.

“Me tomaron del cabello, me pusieron contra la pared, con las manos en la nuca e hincada. Comenzaron a golpearme con los toletes. Luego fui entregada a la policía estatal para trasladarme a Santiaguito. La parte más terrible fue el sometimiento a tortura física, sicológica y sexual durante el traslado”, comenta.

Llegó el interrogatorio. “¿Quién eres?, ¿qué haces aquí?, ¿quiénes son tus familiares?, si no contestaban eran acreedores a más castigo”, relata. El momento más difícil para Bárbara y otras mujeres fue la tortura sexual en el autobús.

A ella, de entonces 27 años, le colocaron un suéter en la cabeza y ya no pudo ver nada.

Apenas y podía ver las botas para confirmar que eran policías los agresores sexuales.

Bárbara fue arrastrada hasta el vehículo. “Me pusieron sobre una pila de personas y encima de ellos fue donde los policías me sometieron a toda clase de vejaciones, golpes, sofocamiento y luego la tortura sexual.

“Mientras me pasaba, también ocurría con otras mujeres. Se escuchaba el sufrimiento de las otras jóvenes”, sostiene.

En pocos días estarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar lo que sucedió en mayo de 2006, piden, luego de 11 años, que se haga justicia.

“El caso está impune, se han abierto algunas averiguaciones hay policías procesados, pero la gran verdad del caso es que al día de hoy no hay ningún agente condenado.

“Nuestra exigencia principal es que se investigue a los responsables materiales e intelectuales de los operativos, que se investigue la cadena de mando”, enfatiza la mujer.

Por eso, dice que se podrá demostrar en la Corte Interamericana que lo que han repetido en los 11 años fue verdad y será esa instancia la que lo pueda ratificar.

“Le diría a la sociedad que necesitamos observar mucho más a las autoridades y sobre todo a las corporaciones, para que esto no siga ocurriendo de manera sistemática”, concluye.

Con información de HoraCero y Vanguardia

 

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