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Chiapas se suma a los estados donde es una realidad el cambio en el orden de los apellidos

Redacción/ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 07 de febrero.- El pasado 24 de enero por medio del Periódico Oficial, el órgano de difusión oficial del Estado de Chiapas, se publicó una reforma al Código Civil, en el artículo 58, que establece que al registrar a las niñas o niños, se debe incluir los apellidos derivados de la fijación, por ello se hace oportuno modificar estas normas, para permitir que sean tanto la madre como el padre quienes decidan el orden de los apellidos de sus hijas o hijos.

Tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, el cual está reconocido en el artículo 4° de la Constitución, y artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

De esta manera, es evidente que no se encuentra justificado el limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos, a partir de prejuicios o medidas que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los estereotipos no pueden ser recogidos por normas e instituciones del Estado, toda vez que las mismas son discriminatorias en contra de la mujer.

El sistema de nombres es una institución a través de la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar. Así, la imposibilidad de registrar el apellido materno en primer lugar, implica el considerar que las mujeres tienen una posición secundaria frente a los padres de sus hijos. Tal concepción es contraria al derecho de igualdad en tanto las relaciones familiares deben darse en un plano de igualdad. Así, el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia.

Quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 58.- El acta de nacimiento contendrá el año, mes, día, hora y lugar de nacimiento, el sexo, la impresión digital del presentado, el nombre y los apellidos que le correspondan, indistintamente el orden de estos, a manifestación expresa de los padres, sin que por motivo alguno puedan omitirse, la expresión de si es presentado vivo o muerto, el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres, el nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos, el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos, y si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con la persona que se va a registrar, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes.

Otras modificaciones al Código Civil

Otro punto importante en este ordenamiento en materia civil, es la inclusión de la violencia familiar o de género en las actas de defunción, con el propósito de tener datos específicos en materia de violencia contra las mujeres, por ello, se adiciona un párrafo al artículo 93, en el cual se establece que, si la Jueza o Juez determinan que hubiere muerte por violencia familiar o de género, lo harán del conocimiento del Registro Civil, para que se haga la anotación marginal correspondiente, tal y como se contempla en el artículo 3.30 del Código Civil del Estado de México.

En este mismo sentido, se requiere que la legislación en nuestro Estado proteja a las mujeres contra cualquier tipo de violencia, por ello, se adicionan dos fracciones al artículo 232 del Código Civil, estableciéndose que en los casos en que se compruebe que se obligó a una mujer a contraer matrimonio con quien le infringe violencia, o a cambio de un bien material o económico, causará nulidad el mismo.

 

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